La visita de Estado en la cual México y Francia estrecharon alianzas y acordaron la agenda de cara a la cumbre con los G-20, hubiera quedado en las paginas de noticias cómo una bella mujer impactó Palacio Nacional no por su acento y sofisticado modo de andar; sino que su personalidad que solo ella misma impregna cual perfume de Carolina Herrera y bolsa de Louis Vuitton nos recordaran porque Porfirio Díaz amó a ese país europeo.
Sin embargo, la presencia de Nicolás Sarkozy a tierras mexicanas ha significado más que una reunión diplomática y Carla Bruni como sello distintivo. El tema que llevó el interés político en la agenda nacional fue el traslado de Florence Cassez —presunta secuestradora de una banda denominada los zodiacos — a cumplir su condena en alguna cárcel parisina.
Su defensa y reclamo lo llevo ante la cámara de Senadores y al mismo presidente Calderón, pero ¿acaso se le olvidó al presidente francés conocer nuestra constitución? Que en México, nos conformamos por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Como presidente del pueblo galo, tiene todo el derecho de representar a sus ciudadanos ante autoridades internacionales y velar por sus derechos, no obstante ¿Cuál era el fin de subir a tribuna un tema legal y sentenciado al ámbito político? Sin duda alguna buscó refugiarse en los tratados internacionales que han convenido ambos países, pero para las leyes mexicanas su aplicación precisamente se da y se juzga en territorio nacional.
Y todo esto se da porque el sistema penal y las leyes en la materia no han sido lo suficientemente capaces de operar y aplicarse con eficacia y credibilidad ciudadana, sino que han estado ligadas a la injusticia, a la corrupción y a la impunidad que se vive dentro del estado mexicano.
Sarkozy por lo pronto deja el asunto en manos de la cancillería francesa, una comisión bilateral y un poder judicial que para él no es autónomo sin subordinado de los demás poderes.
Cierto, se ha perdido la confianza en las instituciones y el que más ha sido golpeado es el poder judicial y el sistema penitenciario. Urge una reforma penal y un nuevo modelo punitivo en la cual nos permita aplicar la ley en toda su expresión y alcance jurídico tanto a mexicanos como a extranjeros y dejar ver el poder que tiene el Estado en todas sus modalidades.
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