La pena de Muerte vive para Humberto. ¿Qué dice el público?

Desde que Humberto Moreira - gobernador de Coahuila- puso el dedo en el renglón sobre la pena de muerte, todas las clases políticas opinaron acerca del suceso.

Humberto en primera instancia, no es un inexperto en los medios de comunicación, ni mucho menos un imberbe en cuestiones políticas; pues el apoyo que tiene de Elba Esther, el respaldo de sus ciudadanos y la alianza entre gobernadores del norte lo han hecho ya, ahora, estar en los noticieros nacionales y publicidad en masa y que también sea considerado por lo menos, en un presidenciable.

No fue un capricho el haberla aprobado en el congreso local, simplemente una necesidad o un respiro que la sociedad exige por parte de sus gobernantes. No hemos escuchado una voz de enojo por parte de los coahuilenses ¿o sí? No hemos visto manifestaciones acerca de la aprobación que permite la pena de muerte sobre aquellos que también la han ejercido por su propia mano. Por ello, se dio el lujo de levantar la voz y decir sí a la pena de muerte.

Creo que la ley y las normas jurídicas han sido sobrepasadas por la urgencia y desafió que tiene la sociedad por exigir “justicia” y reclamo ante las autoridades judiciales, sobre todo, por la ola de ejecuciones que se vive en todo el país. La búsqueda de una solución, ha llevado a Coahuila a permitir la pena de muerte para delincuentes. Ya no quieren saber sobre procedimientos ni juicios ordinarios que lleve a una condena de cincuenta años. Buscan respuestas, y esa respuesta la dio Humberto y el estado que gobierna.

Más que ser un problema político, la pena de muerte es al igual un problema social, económico y jurídico, como todos los que desprenden aires de debate: el aborto, la prostitución, la legalización de drogas, etc.

¿Un debate? Bienvenido. ¿Una reforma constitucional? ¿Otra? ¿Politizar nuevamente a una sociedad dividida? Probablemente. ¿Costo electoral? Mucho. El PRI encabezado por los jerarcas bicamerales Manlio –Emilio han manifestado un respaldo compartido en saber de la sociedad, que opinan sobre la pena máxima a secuestradores y violadores. Más que aprobarse o no en el Congreso de la Unión se busca conocer la inquietud que se tiene por este tema.

El fundamento que se desprende y que se defiende; es que la pena de muerte viola dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en otros instrumentos y que se desprenden en nuestra Constitución Política.

Es mucha información para poder estar a favor o en contra de la pena de muerte y que muchos y otros tantos, estarán de acuerdo. Lo cierto es que la violencia genera más violencia, y eso, Coahuila no esta dispuesta a pagar. Prefiere que la ley le permita tomar justicia y no bajo el procedimiento legal que imparte . El Estado debe velar por los bienes jurídicos tutelados. Pero ¿qué pasa cuando un bien como es la vida, pasa a ser violado porque otro bien, la seguridad, necesita ser combatida?

La pena de muerte en definitiva no es el “eureka” pero sí, una salida para aquellos que no creen… en la justicia mexicana.